FD.3.5.3. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN TERRITORIO

 

Las condiciones de orden público de algunos municipios del país ha requerido de la presencia de una fuerza pública más orientada al control de los grupos alzados en armas que a la seguridad de los ciudadanos. Esto ha generado tensiones entre las comunidades y las autoridades al punto de afectar las condiciones de convivencia y seguridad local, así como la legitimidad del Estado.

Es por ello, que el desplazamiento interno de personas ha tenido en Colombia causas económicas, sociales y políticas han sido factores de los desplazamientos internos de población:

– La disputa por el control de la tierra.
-La búsqueda de mejores condiciones de vida.
-Las persecuciones por motivos ideológicos o políticos

Los conflictos de uso de la tierra, tienden a agudizarse en razón a los patrones de ocupación productiva y de explotación de los recursos y del espacio rural. Los conflictos por la tierra y su uso aumentan con aquellos derivados de asentamientos en áreas pretendidas para la conservación, así como por la convergencia de demandas de diversos grupos sobre territorios de propiedad colectiva (indígenas, afrocolombianos, campesinos) y, por la demanda de tierras para proyectos de grandes inversionistas.

En este contexto el conflicto armado y los problemas de orden público, contribuyen a exacerbar aún más la ya compleja situación del sector rural. De un lado, la deuda que la sociedad colombiana y el Estado tienen con el sector rural y de otro, el conflicto por la tierra entre diversos actores. En el conflicto agrario el objetivo de la lucha es por la tierra, el bienestar y la inclusión política, siendo protagonista el campesinado. Aquí la lucha por la tierra es un fin en sí mismo y las vías para acceder a ella pueden ser institucionales, vía reformismo agrario, o bien, no institucionales cuando se acude a mecanismos como la toma de tierra o las invasiones.

Nación, municipal

De conformidad con las funciones asignadas a la Subdirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, en el desarrollo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, las actividades emprendidas han permitido evidenciar que en determinadas zonas o regiones que, no obstante fueron focalizadas por parte de los organismos competentes presentan problemas en relación con la tenencia de la tierra y de seguridad por presencia de grupos armados al margen de la ley, que han ocasionado desplazamientos masivos.

La ANT, en vista de las problemáticas que en campo se han evidenciado en determinadas zonas donde el conflicto armado se hace presente, determinó la suspensión de cualquier fase y/o etapa de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, cuando quiera que las circunstancias de orden público evidencien la existencia de un riesgo contra la vida e integridad de la población beneficiaria y/o de quienes participan en su implementación.

Lo anterior en razón a que dicha decisión respondería de manera adecuada a los mandatos y obligaciones que de manera general se impone a todos los agentes del Estado, más cuando una de las finalidades perseguidas por el Ordenamiento Social de la Propiedad, se encuentra la de generar garantías de NO repetición mediante la adecuada gestión y resolución de conflictos asociados a la tenencia y distribución de la tierra, en ese orden de ideas, la implementación de la metodología del barrido predial cuando las particularidades de la región o zona y las realidades del territorio sugieran que su implementación conduciría a un riesgo en su implementación o desarrollo, aun cuando las misma herramientas y elementos comprendidos en la política y particularmente en dicha metodología de oferta por barrido predial obligan a tener una lectura adecuada de las condiciones existentes en el territorio focalizado como presupuesto necesario para asegurar la efectiva, eficiente y sostenible intervención por el operador, de manera que la autoridad competente está facultada para valerse de información comunitaria o institucional en orden a adoptar, en cualquiera de las fases del plan, las decisiones que estime necesarias, adecuadas y proporcionales de cara al interés general.

Policía Nacional
Ministerio de Defensa
Agencia Nacional de Tierras

Constitución Política
Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
Ley 489 de 1998
Ley 1753 de 2015
Decreto Ley 2363 de 2015
Decreto Ley 902 de 2017
Resolución 740 de 2017
Resolución 108 de 2018
Resolución 3234 de 2018
Resolución 12096 de 2019
Resolución 915 de 2020
Resoluciones 129 y 130 de 2017

Es necesario indagar cual es la información documental y cartográfica disponible que desde la ANT y el OSPR se tiene para análisis componente de seguridad
Por ejemplo:
+ Si esta formulado el Plan de Ordenamiento Social dela Propiedad Rural – POSPR.
+ Que avances se tiene en cuanto a la implementación del POSPR y las actividades del Barrido Predial Masivo
+ Verificar información predial (IGAC), como punto de partida para el análisis.
+ Información dispuesta en API
+ Información dispuesta en SSTI

Acopiar la información comunitaria e institucional idónea y suficiente para la evaluación de las condiciones de seguridad en la zona focalizada.
Analizar la información recabada con la asistencia y coordinación con las autoridades en materia de seguridad.
Será necesario analizar en profundidad las recomendaciones y conclusiones que se deriven de este proceso , para evaluar como la operación de formulación o implementación de los POSPR ,así como las actividades derivadas del barrido predial masivo en los territorio a intervenir, se afectarían o identificar cuales son las alternativas que deberían generarse respecto los equipos de trabajo de los funcionarios , contratistas, socios estratégicos y operadores en campo en consideración a los riesgos que hayan sido detectados o puedan presentarse.
Es necesario analizar el diseño de protocolos de intervención de acuerdo con las particularidades de los territorios a intervenir.

 

Desde la función de gestión catastral, se identificará el 100% del suelo rural según clasificación del POT vigente (rural y expansión urbana que no cuente con plan parcial aprobado)

A raíz de la calidad de gestor catastral, se deberá barrer la totalidad de los municipios focalizados que intervenga en el marco de la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la propiedad Rural – POSPR.

Para poder implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, es necesario que antes de ingresar a una zona se realice un estudio con las entidades municipales como nacionales, con el fin de poder identificar posibles situaciones de orden público que puedan afectar la operación o que pongan en riesgo la integridad física del personal que esté desarrollando labores en territorio. Para esto será necesario adelantar las siguientes actividades:
– Acopiar la información comunitaria e institucional idónea y suficiente para la evaluación de las condiciones de seguridad en la zona focalizada.
– Analizar la información recabada con la asistencia y coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad.
– Será necesario analizar en profundidad las recomendaciones y conclusiones que se deriven de este proceso , para evaluar como la operación de formulación o implementación de los POSPR ,así como las actividades derivadas del barrido predial masivo en los territorio a intervenir, se afectarían o identificar cuales son las alternativas que deberían generarse respecto los equipos de trabajo de los funcionarios , contratistas, socios estratégicos y operadores en campo en consideración a los riesgos que hayan sido detectados o puedan presentarse.

EN CONSTRUCCIÓN

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